Adaptado de un artículo de El País, 2.1.24
Texto María Martín y Lola Hierro
Foto Adriel Perdomo (EFE). Tesguise, Lanzarote, 23.12.26
España se sitúa en 2023 como el segundo país de la UE con más entradas irregulares
El discurso optimista duró hasta agosto. La reconciliación con Marruecos en marzo de 2022 —previo giro en la política exterior española sobre el Sáhara Occidental— se había traducido en un freno de las salidas de pateras y España se mantenía como el único país mediterráneo que encadenaba descensos en las cifras de inmigración irregular. Mientras se disparaban las llegadas en Italia y Grecia, los ministros del Gobierno español resaltaban ese dato como muestra de buena gestión y cooperación en un contexto de creciente presión en Europa: la política migratoria ha sido clave en varias de las elecciones recientes, como la holandesa, y esa agenda será central en los comicios europeos de junio. Pero la tendencia a la baja se invirtió con rapidez y España ha cerrado el año como el segundo país de la UE con más entradas fuera de los puestos fronterizos habilitados, solo por detrás de Italia. También es el segundo país con mayor aumento de la inmigración irregular.
Los últimos datos del Ministerio del Interior dan cuenta, hasta el 15 de diciembre, de 52.945 llegadas por tierra y por mar. España registra así un 76% de aumento respecto a 2022 y rompe la tendencia a la baja de los dos últimos años. Por su parte, Italia ha superado las 153.000 llegadas, un 46% más que en 2022, y Grecia se ha quedado en casi 45.000, aunque el aumento es del 139% respecto al año anterior. Las muertes en el mar siguen siendo una constante: al menos 1.142 han muerto o desaparecido intentando alcanzar las costas españolas.
La cifra española, que cuando se computen las últimas dos semanas del año superará las 54.600 llegadas, es el segundo registro más alto de la serie histórica, solo superado en 2018, cuando 64.298 personas entraron de manera irregular. Ese hito llevó al Gobierno a mediar en la UE para lograr más financiación para Marruecos y estimar una partida propia de 30 millones de euros anuales.
La ruta senegalesa
La clave de 2023 han sido los desembarcos en Canarias, que han batido récords este año y que suponen más del 70% del total. Pero también han sido relevantes las llegadas de marroquíes a costas peninsulares, en miles de casos a bordo de narcolanchas, un fenómeno aún sin freno que inquieta a las fuerzas de seguridad. Las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, en cambio, permanecen prácticamente selladas.
El aumento más significativo (144%) se ha vivido en el archipiélago canario, con 37.187 desembarcos, la mayoría en la pequeña isla de El Hierro, donde han llegado cayucos sobre todo de Senegal, pero también de Gambia. En las últimas semanas del año, sin embargo, se han multiplicado las barcas procedentes de Mauritania, una tendencia que las autoridades españolas observan con lupa. “Mauritania, como también Senegal, ve que la UE cierra pactos millonarios con Turquía, Libia o Marruecos y va a llegar el momento en el que pidan más dinero”, apuntan fuentes policiales. El Ministerio del Interior, en cualquier caso, celebra la cooperación de sus socios. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha asegurado en varias ocasiones que esta cooperación “salva vidas” porque se impide la salida al mar del 40% de las personas que intentan llegar a España de forma precaria.
Para entender la reactivación de la ruta canaria, a niveles que no se veían desde 2006, hay que mirar sobre todo a Senegal, donde factores políticos y económicos están empujando a emigrar a su población más joven en peligrosos viajes en cayuco.
Tidiane Diallo, senegalés de 31 años, dejó su vida para subirse a una barca de madera que llegó a Canarias en octubre con casi 300 personas hacinadas a bordo. Al llegar, se mostraba decidido: venía de una familia pobre y tenía que ayudar a los suyos. “Para nosotros es frustrante porque da igual lo que estudies o dónde trabajes, nunca ganarás lo suficiente. Aquí, por mal que me vaya, siempre estaré mejor que en mi país”, decía. Pero ahora se arrepiente cada día de haberse subido a ese cayuco. “Cuando no tienes papeles, sufres mucho y trabajas 14 o 15 horas al día por 900 euros al mes. Si lo hubiese sabido no habría corrido todo este riesgo para acabar sufriendo así”, cuenta desde Lleida, donde trabaja en el campo. “Sinceramente, quiero volver a Senegal, pero hay mucha presión social y tengo miedo de volver con las manos vacías, porque sé que si lo hago, nadie de mi familia me hablará”.
Un informe interno de la agencia europea de fronteras, Frontex, señala algunas de las causas del auge de la emigración irregular senegalesa. Entre ellas, la falta de empleos para cubrir el creciente coste de la vida. Mientras España ha cerrado el año con una inflación del 3,5%, el Banco Mundial estimó que la inflación media en Senegal en 2022 era del 9,6%, frente al 2,2% de 2021. “Una gran parte de la población senegalesa joven no genera ingresos suficientes para compensar estos aumentos”, reseña el documento. Hay también una cuestión demográfica. El 75% de la población senegalesa es menor de 35 años y, cada año, unos 300.000 jóvenes se incorporan a un mercado laboral que no ofrece suficientes empleos para todos. A esto se suma el agotamiento de los recursos pesqueros, un sector que representa un 3,2% del PIB nacional, y la deriva autoritaria del presidente Macky Sall.
La clave marroquí
El foco migratorio ha estado en Canarias, pero las llegadas a otras costas también han ido in crescendo. Las 14.312 entradas registradas en la Península y en Baleares suponen un 20% de aumento respecto al año anterior y se concentran en la Península. Crecen las salidas desde Marruecos, aunque caen desde Argelia. Las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla son las únicas que mantienen cifras en negativo, apenas 1.200 personas han logrado traspasarlas en 2023, un 46,5% menos que el año anterior.
Marruecos sigue teniendo un papel crucial en el tablero migratorio, pero el análisis de su cooperación depende del ángulo con el que se analice. Será siempre elogiada en público por autoridades españolas, aunque también cuestionada en privado. “Hacen operaciones, trabajan, pero tampoco les va la vida en ello. Podrían hacer mucho más”, considera una fuente policial que pide anonimato.
Las operaciones contra migrantes y refugiados en Marruecos y en el Sáhara Occidental han reducido, efectivamente, las salidas desde esas zonas hacia Canarias. Se calcula que en torno a un 17%, según las cifras que manejaban en octubre las autoridades españolas. Pero las regiones controladas por los marroquíes siguen siendo el punto de salida para cerca del 40% de los que llegan, una cifra muy similar a la de Senegal, según datos policiales. Los marroquíes son también la principal nacionalidad de los que usan vías de inmigración irregular para entrar en España.
Devoluciones en mínimos
Por otro lado, las cifras de devoluciones revelan que la gran ambición de retornar a los inmigrantes que entran irregularmente en la UE y que no tienen derecho al asilo, está lejos de ser una realidad. Según datos internos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, el Ministerio del Interior no logra devolver ni al 5% de los inmigrantes de Marruecos, Senegal, Argelia, Guinea o Costa de Marfil, los cinco países de donde proceden la mayor parte de los que alcanzan de forma precaria las fronteras españolas. Los retornos forzosos, según estas cifras confidenciales, se mantienen en torno al millar de personas.
Marruecos, el socio africano que más devoluciones ha aceptado, apenas admite modestos cupos semanales. Argelia, que suspendió las repatriaciones de sus ciudadanos en respuesta al acercamiento español a la postura marroquí sobre el Sáhara Occidental, solo ha aceptado menos de una veintena de devoluciones. Senegal continúa resistiéndose a aceptar grandes grupos y solo ha recibido unas decenas de sus nacionales. El mayor número de retornos desde España, con cifras más relevantes, tiene como destino Albania y América Latina, pero Interior no proporciona estos datos ni reclamándolos vía Ley de Transparencia.
La incapacidad de ejecutar retornos no es solo una cuestión en España. Devolver inmigrantes irregulares es uno de los pilares en los que se sustenta el pacto europeo de migración y asilo que acaba de cerrarse, pero se tambalea ante la tozudez de las cifras y la renuencia de los países de origen a aceptar a sus nacionales. Según un balance de Frontex al que ha tenido acceso EL PAÍS, entre enero y septiembre de 2023, los Estados miembros comunicaron 333.068 órdenes de retorno dictadas contra nacionales de terceros países, pero ejecutaron 72.985, solo un 22%.
El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, planteó en diciembre en el Congreso las dificultades de las devoluciones. “¿Ustedes se creen que los países, en las circunstancias económicas, personales que viven, van a aceptar el retorno? ¿Que mandemos aviones con 300? ¿Pero ustedes saben —se lo he dicho mil veces— lo que representan, por ejemplo, en Senegal, en Gambia, en Guinea-Conakri, las remesas de la emigración? Entre un 10% y un 15% de su PIB. Ellos [los gobernantes de esos países] también se presentan a las elecciones. ¿Ustedes creen que, si no hay una cooperación […] aceptan?”. Grande-Marlaska también aseguró que España era el país de la UE que más retornos llevaba a cabo, pero no ofreció los datos que lo corroboren. En los informes de Frontex, aunque España está entre los que más inmigrantes expulsan, aparece siempre por debajo de Francia y Alemania.
Récord de personas buscando refugio
Pero, más allá de la atención que reciben, las entradas irregulares son apenas una pequeña parte de los flujos migratorios que llegan a España. Y suponen una porción aún más pequeña ante los más de seis millones de personas con nacionalidad extranjera que residen en España.
“Hay que insistir en que tenemos dos fronteras”, señala Blanca Garcés, investigadora del área de Migraciones del centro de análisis Cidob. “Una es la frontera sur, securitizada y problematizada. Aquí los números son en comparación pequeños, pero sigue siendo la frontera que todos tenemos en mente, mientras nos olvidamos de la otra frontera, la que nos conecta con América Latina, que es mucho más relevante en términos numéricos. Esta frontera no preocupa, porque se percibe próxima culturalmente y porque sirve para cubrir silenciosamente las demandas del mercado laboral”, explica Garcés.
Los datos muestran, efectivamente, que la mayoría de los inmigrantes, con muchas probabilidades de caer en la irregularidad, entra al país en avión y no vienen desde África, sino de América Latina. Y un fenómeno invisibilizado da cuenta de ello: el aumento exponencial de solicitantes de asilo.
El número de personas que busca refugio no ha dejado de crecer y este año ha batido todos los récords, con 152.000 peticiones al cierre de noviembre. Son en su gran mayoría venezolanos, colombianos y peruanos, que aterrizan como turistas con la intención de pedir asilo al llegar a España. Una vez aceptada la solicitud, la ley les garantiza que, a los seis meses, puedan vivir y trabajar legalmente hasta que se resuelva su expediente. Un trámite que puede prolongarse años en lugar del semeste que marca la directiva europea.
España lleva cinco años entre los tres primeros países de la UE con más solicitudes, pero a pesar de la experiencia con la guerra de Ucrania a cuyos refugiados se les concedió la protección temporal en menos de 24 horas, el sistema sigue sin responder a la demanda y las necesidades del resto de nacionalidades.
No hay recursos suficientes para la obtención de citas y tampoco para un estudio ágil de los expedientes. En los cajones de la Oficina de Asilo y Refugio hay, según Eurostat, 196.000 peticiones sin resolver. “Con más expedientes por resolver que solicitudes, España está fracasando en este asunto”, sentencia Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “No se está garantizando el acceso y no hay soluciones a la falta de citas, que está invisibilizando el número real de solicitantes que hay en España”, añade. “Se han producido mejoras en la oficina de asilo, pero lo urgente está sin resolver, pues las personas no pueden acceder a la protección”.
España tiene una tasa de reconocimiento del asilo muy baja, apenas un 6,6% frente al 22% de la media europea. Los ciudadanos con más resoluciones favorables provienen, además de Ucrania, de Malí, Siria y Afganistán, mientras que Colombia, Marruecos y Perú concentran las respuestas desfavorables.